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EL ASCENSOR SOCIAL EN ESPAÑA


Por ascensor social entendemos las posibilidades de una persona que provenga de un estrato económico social y/o económico determinado de ascender (o descender) de estrato. Esto es, de mejorar o empeorar su vida, a nivel económico, según sus méritos y no según su herencia.


En una sociedad “sana”, el ascensor social funciona. Obviamente, continúa siendo una ventaja importante provenir de una familia bien posicionada, y por muy “sana” que sea la sociedad, continúa siendo una desventaja muy importante provenir de una familia con pocos recursos.

Es el estado el que tiene que proveer los medios para que aquellos con talento puedan, independientemente de los medios de su familia, prosperar social y económicamente. Esos medios consisten, principalmente, en un sistema educativo de calidad y accesible para todos y en unas ayudas sociales para auxiliar a aquellas familias que lo necesiten.


Es discutible el alcance de las ayudas sociales que el estado debe proporcionar. No es nuestra intención entrar en este asunto. Ni en cómo deben articularse. Pero, en cambio, consideramos muy peligrosa cierta tendencia que se ha instalado en la política de determinados partidos políticos, consistente en incrementar el gasto público y la recaudación del estado sin mesura. Hay que tener en cuenta que en estos momentos, el conjunto de las administraciones públicas ya gastan más del 50% del PIB del país; y esta proporción, razonable en una situación como la que vivimos con la COVID, no es muy razonable en un contexto económico normalizado.


Hay medidas que no son, desde ningún punto de vista, razonables. Pretender que un promotor destine un 30% de las viviendas construidas a viviendas sociales, supone un “impuesto invisible” que incrementa el precio de las restantes viviendas, ya que el promotor debe concentrar en esas viviendas la mayor parte de los costes y de los beneficios de la operación. Además, en muchos casos desincentiva la construcción -ningún promotor en su sano juicio construirá vivienda en un barrio de clase media o alta si un 30% debe ir destinada a vivienda social, ya que tendrá muchos problemas para vender el 70% restante-. El resultado último es una caída en la construcción de viviendas, cosa que disminuye la oferta y, por tanto, incrementa el precio de la vivienda. Es paradójico que una ley destinada a universalizar el acceso a la vivienda se convierta en una ley que estimula el aumento del precio de la vivienda a base de estrangular la oferta de nuevas viviendas.


Menciono este aspecto -la vivienda- porque el acceso a una vivienda digna forma parte importante del llamado “ascensor social”. No se trata de estigmatizar las políticas redistributivas de la riqueza; se trata de pedir que esas políticas sean razonables, sensatas y, sobre todo, eficaces. Y el problema que tenemos es que determinados partidos parecen instalados en una especie de tómbola de promesas electorales, a cual más increíble, de escaso sentido económico, pero muy atractivas electoralmente. Que siguen incrementando nuestra deuda, que algún día va a tener que pagarse. Y, seguramente, en circunstancias difíciles, como le pasó a Grecia.


Mientras nuestros partidos sigan en esta tónica, va a ser difícil evitar ese escenario.


El equipo de H&B.


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